Por Emilio Pérez Martínez y José Manuel Corrales.
Es increíble la de
atentados contra el honor y contra la propia imagen que se cometen por las redes sociales. Navegando por la nube es muy fácil toparse
con algún meme, post o video que pueden
dejar en evidencia a una persona,
vulnerar su dignidad, e incluso imputar un delito a alguien en menos que canta
un juez, saltándose a la torera el
principio de presunción de inocencia.
Uno de los últimos inventos para el estudio criminológico y que
además, ha servido de herramienta
ciudadana para la lucha por la transparencia, ha consistido en crear páginas
webs en las que se permite conocer los
delitos que se han cometido en un área o
distrito. Lo que tanta gracia no hace es que en
los casos de violencia sexual, es lícito publicar la información
completa de un agresor; su imagen, su nombre y su domicilio, incluso habiendo
cumplido condena. También vemos que se ha creado una polémica con la decisión
del Tribunal de Justicia europeo sobre el llamado “derecho al olvido”. Si un
usuario pide retirar el enlace de sus datos personales tiene legitimidad para
hacerlo. Claro, algunos pueden pensar que a los pederastas (hayan cumplido su
condena o no) les ha tocado la lotería. No es eso. Tendría que ser una medida
que beneficie la privacidad de todos. ¿Alguien ha tenido en cuenta el daño que
también tiene que soportar el entorno de ese pederasta?
Algunas opiniones
argumentan que la seguridad debe estar por encima del derecho al honor, y que
muchas posibles víctimas, pueden encontrar, gracias a esta herramienta un salvavidas, sin embargo, ¿hasta
qué límites se puede vulnerar este derecho? Bien es cierto que la reinserción
para estas personas resulta muy difícil. Estudios revelan que entre un 20% y un 40% de agresores, vuelven a
cometer delitos de esta índole. Sin embargo, según el profesor de psiquiatría
forense, José Antonio García Andrade, “el hecho de que sean psicópatas, no
quiere decir que no deban ser tratados”.
El psiquiatra forense, Luis Borrás, aporta datos de un programa que se
siguió en Cataluña que logró reducir del 18% al 5% el índice de reincidencia de
estos delitos. Este método se basa en medidas psicoterapéuticas de choque e
inhibiendo la testosterona, según revela este estudio. Pero además, conlleva
una mejor vigilancia al agresor. Y es
ahí donde radica el problema, porque para poder construir una política
penitenciaria efectiva, que tienda a la reinserción del individuo, es necesaria
una mayor inversión tanto económica, en investigación, pero también en
seguridad.
Vulnerar el derecho al
honor de la persona, no va a hacer que la persona cometa menos delitos. Antes
que dejarlo encerrado de por vida, o condenarlo a una segunda criminalización,
se debe apostar porque este individuo vuelva a recuperar su personalidad civil y
su dignidad. No se trata de defender a los pederastas, porque seguramente no se
lo merecen. Pero hay personas, pocas, es cierto, que tienen derecho a que no se les condene de por vida como si de
una cadena perpetua se tratara.
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