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viernes, 26 de junio de 2015

#Lectura 1: Construcción cultural y prevención criminal publicista


Las empresas responsables de campañas y spots publicitarios cada día son más propensos, debido también a la gran parte de la sociedad tan sensacionalista que se ha ido desarrollando en los últimos años, a utilizar en sus proyectos, temas de sensibilización social y que impregnen a costa de todo en la mente del receptor.

Ya han sido muchas las veces que la misma sociedad ha sido la encargada de hacer ver a estas empresas que no se debe hacer publicidad a costa de todo. El respeto al ser humano y a su propia dignidad y honor son derechos fundamentales universales de los que todos los ciudadanos gozan y que, por tanto, no se deben incurrir en ellos.

Las malas prácticas publicistas, respecto a temas que atañen a lo criminal, se deben principalmente a la ausencia de expertos que dominen la materia y sepan qué consecuencias puede tener cierto tratamiento en la sociedad. Nadie mejor que un experto criminólogo para elaborar spots y campañas publicitarias en la materia, coherentes y que cumplan con su verdadero fin que es el de concienciar a la población sobre determinado hecho criminal y, en su caso, ayudar a la víctima.

Como se aprecia en el estudio de Myriam Herrera Moreno, desde los años 80 existen estas meteduras de pata en el ámbito publicitario criminal y, lo peor, que en vez de avanzar hacia una buena y coherente publicidad, se siguen dando casos de malas prácticas publicitarias en nuestros días. Una palabra señores publicistas: criminólogos.


Mariluz Hoyos Morant

jueves, 25 de junio de 2015

Delincuencia juvenil

Tratar temas relacionados con menores es siempre delicado, pero esto se complica cuando estos se enfrentan a la justicia por cometer un delito. Parece que está muy generalizada la idea de que las penas no son lo suficiente duras y que, por el simple hecho de no haber cumplido la mayoría de edad, estos jóvenes se libran de los castigos que realmente se merecen.

Uno de los debates que surge aquí es si un menor no es consciente de sus actos por el simple hecho de no tener más de 18 años. A partir de cierta edad se es lo suficientemente consciente de lo que está bien o está mal. Un robo menor sin violencia o algunos actos vandálicos pueden considerarse que se han llevado a cabo por simple rebeldía, mala influencia del entorno o incluso una llamada de atención. Es posible que los castigos adecuados para este tipo de delincuencia sean labores sociales, reeducación del joven o la 'reinserción' del menor en caso de que se cometan de forma habitual.

Pero cuando la gravedad de los delitos aumenta habría que replantearse poner penas similares a las de aquellos que sí son mayores de edad. Que un joven de 16-17 años agreda, acose o incluso llegue a matar no puede estar considerado como menos grave o menos imputable por el simple hecho de que legalmente sea menor de edad.

Para ajustar las condenas al tipo de delito y a la situación del menor se debería ampliar el margen de condenas en el derecho penal y que un grupo formado por jueces, abogados, criminólogos, psicólogos y miembros de todas las ramas de conocimiento necesarias, analizase cada caso de forma independiente y en profundidad.

Elena Palacios Bedia
#Lectura 3

miércoles, 24 de junio de 2015

Ley Megan

En los Estados Unidos nos encontramos con una legislación que insta a sus autoridades policiales a hacer públicas fotografías de los delincuentes sexuales registrados dentro de sus fronteras. Cada estado decide cómo ejecutarla y qué datos hace públicos (nombre, fotografía, dirección, fecha del encarcelamiento y naturaleza del delito). Estas informaciones son difundidas a través de páginas web gubernamentales, periódicos y demás medios de comunicación. Nos referimos a la Ley Megan. ¿Carece de ética esta ley? ¿Es justa? En las siguientes líneas trataremos de explicar nuestro punto de vista.
La Ley Megan tiene la finalidad de proporcionar un servicio de información doble: en primer lugar sirve para tener un registro de delincuentes sexuales y, en segunda instancia, notificarle a la comunidad la existencia del delincuente. Pero cabría tener en cuenta otros factores tales como la posibilidad de que los criminales tengan familia –incluso hijos menores de edad—, el escaso beneficio que pueda suponer a las víctimas y familiares dicha información, los costes del servicio o el descartar una posible reinserción de las personas que cometan los actos delictivos. Y no sólo estos aspectos pueden influir en la opinión de lo innecesario de este servicio. Claro ejemplo de ello es un estudio del año 2008 de la Ley de Nueva Jersey que muestra que Megan es una ley sin efecto alguno en la reducción de la comisión de los delitos, el número de víctimas, además de añadir poca influencia sobre las comunidades donde se aplicaba.
En nuestra opinión la Ley Megan está bien porque ofrece mayor seguridad a los ciudadanos y les hace sentirse más cómodos, dentro de lo que cabe. Sin embargo, somos partidarios de que ofrecer la identidad de personas que hayan cometido errores en su pasado no ayuda para nada a su reinserción y puede ser negativo tanto para los propios afectados como para sus familiares. Es por ello que, pese a que tiene cosas positivas como hacer que los ciudadanos se sientan más seguros, no apoyamos esta ley. Todas las personas tienen derecho a enmendar sus errores y reconducir sus vidas y llevar una etiqueta tan negativa y además tener que soportarla de manera permanente es algo que no les ayuda. Está claro que muchos de ellos seguirán siendo peligrosos y podrán reincidir pero siempre habrá una minoría que quiera empezar de cero y no pueda. La seguridad es imprescindible pero también lo es preservar la identidad y cada uno es libre de contar al resto de la población lo que considere oportuno y no tener que llevar colgado un cartel que te haga ser esclavo de tu pasado.

ALEXIS REIG MIRÓ
JOAQUÍN GARCÍA BARBERÁ

miércoles, 17 de junio de 2015

Lectura 3: POPULISMO PUNITIVO Y DELINCUENCIA JUVENIL: MITO O REALIDAD

Lectura 3
Por Gabriela Zavala Sandoval


Este estudio acerca del conocimiento de la delincuencia juvenil y la opinión de los ciudadanos del populismo punitivo. Como queda claro en esta investigación que el 87,8% de la población considera que es producto de factores sociales y económicos. Creo que por esto también se asocia la delincuencia con los barrios más pobres y de la periferia de las ciudades. Esta idea generalizada de delincuencia y las afueras es porque se considera que falta educación y disciplina. La segunda idea es que faltan condenas más duras y que la principal fuente de información sobre la delincuencia son los medios de comunicación (46,8%) y a través de otras personas.
Este estudio también revela la falta de información de los ciudadanos de las acciones judiciales. En esta situación los medios de comunicación sí que son mayoritariamente responsables ya que hacen protagonistas a los criminales. Cuando ocurre un suceso llamativo son los principales en dar importancia al implicado. Por citar un ejemplo, recientemente un menor en Barcelona mató a un profesor con una ballesta fabricada por él mismo. Esto ocurrió en el centro educativo, de este lamentable hecho resultaron heridos dos profesores y dos alumnos también, los cuales quedaron en una situación muy delicada.
El alumno fue sometido a un análisis psiquiátrico, y por ser menor de 14 años no podía ser juzgado ni recluido en un centro para menores. Este caso polémico sí que hace cuestionarse la situación judicial del país. No tanto sobre la delincuencia sino sobre la criminalidad y capacidad de análisis de los jóvenes. Habrá una opinión común de este caso de que no puede haber impunidad. La edad, en este caso, es un factor que no debe afectar para imponer un castigo a este chico; Una persona fue asesinada y seguramente la opinión pública pedirá justicia.

Hace falta una revisión del sistema judicial y en especial de los menores que no pueden ser juzgados, también dar más publicidad a las normas y sobre todo rigor informativo para no confundir a la población y que este bien informada. 

Lectura 2: PROBLEMAS DE MEDICIÓN DEL MIEDO AL DELITO

Lectura 2
Por Gabriela Zavala Sandoval

El análisis del miedo al delito se podría cambiar, si se investiga desde la perspectiva del delincuente y a la vez desde el miedo de la víctima a sufrir un acto delictivo concreto. Si se hiciera un análisis del lugar más proclive a sufrir actos delictivos, y a la vez el tipo de personas más propensas a ser víctimas del delito y por último, se estudiaría al delincuente. Aunque creo que sería muy difícil tratar de investigar el miedo real a un delito, si se puede analizar por zonas y perfiles de edad y género concretos y otros factores sociodemográficos.
Las investigaciones demuestran que el miedo al delito afecta más a las personas que el propio delito, y esto incide en el bienestar emocional del ciudadano. Residir en una zona segura no garantiza la tranquilidad ya que los ciudadanos se sienten más intranquilos ante un delito, quizás porque el miedo a sufrir un delito es más inusual.
Si hubiera la posibilidad de hacer un trabajo exhaustivo sobre miedo al delito también habría que estudiar la percepción que tiene la sociedad sobre los cuerpos de seguridad del Estado. Sobre todo conocer  su opinión del servicio prestado por la  policía ya que como encargados de mantener la seguridad son los principales avales de garantizar la seguridad. Si su trabajo es óptimo y reciben una buena calificación creo que el nivel de seguridad percibido será mayor. Sin embargo, si fuera al contrario que la percepción es que acuden tarde, son corruptos, su presencia en todas las zonas y la dotación de  armas para defender también es un factor importante. Si la sociedad percibe que no puede confiar ni el los cuerpos de seguridad peor será su sensación de seguridad general.

Para finalizar, hay que realizar una revisión de las variables que intervienen en el miedo al delito. Evitar las generalizaciones y sobretodo extender los estereotipos de los delincuentes ya que han surgido nuevos perfiles delictivos para los que habrá que prepararse. 

Lectura 1 : CONSTRUCCIÓN CULTURAL Y PREVENCIÓN CRIMINAL PUBLICISTA

Lectura 1
Por Gabriela Zavala Sandoval


Los anuncios de la DGT cada campaña vacacional son habituales para informar y concienciar a la sociedad de las distracciones que pueden encontrar en las carreteras. Estos anuncios se empezaron a emitir en la década de los años 60 del siglo pasado, al principio eran sobre el respeto a las señales y la posibilidad de accidentes por colisión. Hay que tener en cuenta que la cantidad de muertes a causa de accidente de tráfico han ido disminuyendo considerablemente. No está comprobado si los anuncios de la DGT influyen tanto en los conductores o es que la población es más responsable y consciente de los problemas de una conducción temeraria.
El spot que más me impactó  personalmente es el de la importancia del cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil. Hay que concienciar a los padres de la importancia de usar el cinturón de seguridad en los niños ya que muchas veces se lleva a los menores en los brazos. En algunos casos parece que influye más la multa que por importancia de la seguridad. Lo más impactante de este anuncio es ver a la niña salir por el parabrisas. La idea de la muerte queda clara en el anuncio.
El caso que aparece en la investigación sobre el antes y el después de los adictos a la metanfetamina que se veían sus rostros en el momento que fueron arrestados y tras años de estar en la cárcel consumiendo. Esta campaña con el fin de prevenir el consumo adolescente de esta droga. En este caso se invade la privacidad de los reclusos. El cambio en ellos es evidente y se nota las consecuencias del consumo de drogas, en especial el desgaste físico.

En conclusión, es importante la prevención de actitudes criminales y que el Estado esté involucrado en los delitos para salvar vidas. Sobretodo y  más importante es una sociedad informada y responsable con las prácticas peligrosas para evitar males mayores. 

martes, 16 de junio de 2015

El miedo al delito como un fenómeno social

Son numerosos los estudios que en los últimos años centran su investigación en el miedo al delito y la percepción de inseguridad ciudadana de la población debido a la grave repercusión que tiene en la calidad de vida de muchos ciudadanos.

Quizá muchas veces no seamos conscientes de ello, pero todos tenemos comportamientos o hacemos cosas como consecuencia de ese miedo a ser víctima de un hecho delictivo. ¿Qué chica no se cruza el bolso o lo sujeta para evitar que se lo roben? ¿Quién no está con la miraba puesta en el móvil cuando lo deja en la mesa de una terraza mientras se toma algo? ¿Quién no intenta evitar por ciertas zonas que considera peligrosas o poco seguras?

Estas son solo algunas de las cosas que una persona puede hacer por ese sentimiento de inseguridad, creyendo, de manera realista o equivocada, que así tendrá menos posibilidades de que ser el objetivo de un delincuente. De lo que no somos tan conscientes es que estos comportamientos, conocidos por los expertos como 'conductas de autoprotección', pueden provocar una merma en nuestra calidad de vida, ya que provocan que cambiemos nuestros hábitos e incluso nuestra forma de relacionarnos socialmente.

Uno de los principales problemas que existe en torno a este fenómeno es que el sentimiento de inseguridad que sientes los individuos no siempre se corresponde con la realidad, lo que puede deberse a varios motivos. El miedo puede ser una consecuencia directa por el hecho de haber sido previamente víctima de un delito o puede ser creado de manera indirecta por lo que cuentan otros o lo que escuchamos de los medios de comunicación. Y es en este punto donde se abre un debate muy amplio. ¿Hasta qué punto los medios son causantes de la aparición de ese miedo en la población?

Es evidente que en la televisión, en la prensa y en la radio se da más importancia a todos acontecimientos que tienen tintes negativos, porque suelen ser los que conllevan una mayor repercusión para la sociedad. Constantemente nos hablan de muertes, bandas de delincuentes, robos, maltratos, etc. Que esto sea así no implica que los medios quieran promover una alarma social entre las personas, pero ocurre. Y sucede así porque a lo que vemos y leemos hay que sumar  nuestra experiencia personal, nuestro entorno, la percepción que tenemos de ese contexto en el que vivimos.

Si vivimos en un barrio que consideramos seguro, lo más probable es que sigamos pensándolo aunque digan en los informativos que ha habido un robo. Si por el contrario nuestra vivienda está en un barrio problemático, las noticias negativas que recibamos lo que harán será fortalecer ese pensamiento que ya tenemos. Por ello, el miedo al delito es un sentimiento subjetivo que nunca afectará de igual manera a dos personas y que no se puede analizar de una manera concreta.

A pesar de esto, la función social de los periodistas y de los medios es mantener a la población informada de lo que ocurre en su entorno y que le puede afectar. Siempre teniendo en cuenta el enfoque que se da a los datos y la manera de contarlo y, sobre todo, con el máximo rigor y veracidad. Sin estos elementos fundamentales, no estarían ejerciendo de una forma correcta su función de cuarto poder.



Elena Palacios Bedia
#Lectura 2

lunes, 25 de mayo de 2015

#Lectura 1: Encharcados en sangre ficticia
Por Míriam Garví
Cuando se ha de recurrir a mostrar actos explícitos en televisión o prensa, sobre todo en publicidad, para que la población comprenda ciertos temas, hay algo que no funciona. Pero lo que es cierto, es que son eficaces, conciencian, y lo más importante, se refleja en datos. Las últimas campañas a favor de la seguridad vial, según datos ofrecidos por los medios de comunicación, han producido un descenso de los accidentes. Hace tiempo que los ciudadanos estamos tan expuestos y acostumbrados a ver violencia, que unas simples palabras no nos bastan. Ya no recorre un escalofría nuestra espalda la cifra de muertos en accidentes de tráfico. Sí lo hace observar a un niño pequeño salir volando por la luna delantera.

Que la violencia, por el contrario, sí se haya convertido en tendencia en nuestras pantallas en preocupante y puede despertar una concienciación inversa a la esperada: que la violencia y los actos peligrosos nos parezcan normales, que terminemos por creer que no están comprometiendo nuestra salud o bienestar psíquico o físico. Desde la más tierna infancia hemos visionado tantas muertes, accidentes y maltratos en televisión y el cine, que otro tiro en la espalda nos parece un mero juego de niños. Ya no nos sobresaltamos ante un cuchillo en las pantallas, ni mucho menos ante una amenaza. De lo contrario seríamos un manojo de nervios sentados en el sofá, y si no que se lo digan a los seguidores de Juego de Tronos o similares. La violencia, el delito, el crimen, el dolor, han salpicado tanto nuestras mentes que somos impermeables al sufrimiento ajeno. Los telediarios algo parecido. Titulares como “800 muertos en Lampedusa” nos parecen tan lejanos que ni siquiera nos detenemos a leer el cuerpo de la noticia. Ahora somos una generación que no se inquieta fácilmente. Pues solo quien está cerca de la tragedia es capaz de comprender cuánto esconde. El resto, nos conformamos con leer los créditos, y esperar el próximo capítulo. 

jueves, 14 de mayo de 2015

#Lectura 2: El miedo es su mensaje
Por Míriam Garví

Curioso el funcionamiento de la alarma social, del miedo al delito, de la inseguridad ciudadana, que parece en muchos casos alimentada por encima de la realidad por los medios de comunicación. Terminan por inculcarnos el miedo como una parte de vivir en comunidad. El miedo termina siendo parte de su mensaje. Miedo a votar a partidos políticos nuevos. Miedo a viajar a ciertos países que se convierten en “tierra hostil”, y por supuesto, miedo a deambular por nuestras calles. Ahorran así trabajo a quienes debieran protegernos a altas horas de la noche, invitándonos a permanecer en la tranquilidad de nuestros hogares, y por supuesto, imponen un gran apoyo a quienes crean unas leyes en nuestro país de penas de hasta 30 años. Somos un país con un grado de delincuencia relativamente bajo, y por el contrario, con las penas más duras del ámbito europeo. Somos una población altamente sugestionable, y altamente hipnotizada por lo que nos dicen hemos de creer en los informativos. El caso que apuntan los autores de la lectura “Problemas de medición de miedo al delito” muestra que en el País Vasco, la tasa de delincuencia es la misma desde hace diez años, y sin embargo, los periódicos y los medios audiovisuales, no dejan de salpicarnos con sus titulares de “creciente inseguridad”. Como ya he dicho, supongo que se trata de un caso de protección de las leyes que nos ha tocado seguir. De algún modo habrá que justificar la superpoblación de nuestras cárceles, el endurecimiento de las penas, que de hecho, aún quieren aumentar con la nueva reforma del código penal.

Sin embargo, es tiempo de abrir los ojos y dejar de digerir todo lo que nos lanzan desde las cadenas como cierto. Es tiempo de pedir datos, de exigir pruebas. Y de no dejarnos engañar por quienes siempre se han creído con derecho a dictar nuestros pensamientos a golpe de Telepromter. 
#Lectura 3: Cuando los ciudadanos conocen mejor la respuesta
Por Míriam Garví

Si aquéllos que hacen las leyes, se preocuparan más y mejor de aquéllos que han errado, o lo harán, quizá estaríamos hablando de supuestos reales, y no de la mera opinión de los ciudadanos. Si hemos comprobado durante años, incluso siglos, que las medidas adoptadas no consiguen erradicar la reincidencia, ¿no es posible que algo falle? ¿Por qué tanta ceguera ante un problema real? Quizá sea tan simple como que no quieren saber. Es más fácil encerrar aquello que no queremos ver donde no moleste, donde no ensucie nuestra imagen.
Sin embargo, desde las calles, se reivindican nuevos métodos, maneras distintas de atajar los problemas que tan bien conocen. Se piden alternativas para los jóvenes, menos castigo, más prevención, y ante todo, se anhela un cambio: del internamiento a la reinserción, a la reforma personal, a las oportunidades reales. Mayor inversión en educación, en empleo juvenil, y de esta forma tal vez tendremos menos presos a los que mantener.
En el estudio realizado por Esther Fernández Molina y Pilar Tarancón Gómez, llevado a cabo en la ciudad de Albacete con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, se refleja mediante una trabajada encuesta en algunas de las calles más conocidas de la capital cómo piensan algunos de mis vecinos, y lo cierto es que he encontrado poca sorpresa en sus respuestas. Si bien es cierto que el trabajo de campo ofrece unos claros resultados de interesante conclusión, me habría gustado conocer la opinión de algunos de los barrios más marginales de la ciudad, como “Las 600” o “El Congo”, para conocer la opinión de algunos de los vecinos más afectados por el problema de los delitos juveniles.
Quien imponga las penas, debería proponer en su caso una infraestructura capaz de reformar las aspiraciones delictivas del sospechoso. Debería enlazar su castigo a una buena reeducación capaz de poner en libertad, llegada la hora, a un hombre, que deje atrás las ansias de venganza de aquél que es privado de su vida, y le de los medios y herramientas que posibiliten su reinserción plena en una sociedad de la que es miembro por derecho.

Y, como opina una gran parte de los albaceteños, sea capaz de utilizar el castigo para un bien individual y social, la reinserción y no la represión.

martes, 28 de abril de 2015

¿Qué ocurre con los menores?



La pasada semana, lunes 20 de abril un estudiante de 13 años mató a un profesor en Barcelona. Este hecho tan inesperado, triste, como a la vez, mediático ha ocupado grandes espacios y portadas en los medios de comunicación durante varios días. Sin olvidar, por supuesto, las redes sociales. En definitiva, un acontecimiento que ha estado en boca de todos y que vuelve a abrir el debate de siempre: “¿Qué ocurre con los menores?

En este caso concreto, las cartas que se toman en el asunto tienen que ver con la orientación y la educación del menor, puesto que la Ley del Menor impide perseguir penalmente a los menores de 14 años. De alguna forma , lo que se refleja ante la sociedad es que existe una víctima y un agresor que queda impune de algún modo. Aún así, al tratarse de un menor, la gente entiende que lo importante es reorientar a esa persona para que pueda cambiar de actitud. Muchos estudios demuestran que la sociedad tiene una consideración diferente a la hora de penar a los menores de edad con respecto a los adultos [Populismo punitivo delincuencia juvenil: mito o realidad, Fernández Molina y TarancónGómez]. Sin embargo, la consecuencia directa de que un suceso tan atroz como este permanezca continuamente en los medios de comunicación es el aumento del miedo al delito y la creencia de que los crímenes juveniles aumentan.  Y es que una vez que estalla públicamente un delito juvenil de este calibre, las noticias que tienen relación con este tipo de actos empiezan a inundar las pantallas. Así en la misma semana del mes de abril en la cual ocurre este acontecimiento se publican distintos titulares: “Crece la cifra de infractores penales de menos de 14años”, “El 40% de delitos que lleva a los menores a un centro tienen que ver con los robos”, “Los jueces resuelven al año casi 900 casos de criminalidad juvenil”. Es lógico que esto produzca el efecto del que hablábamos antes y sin que sea cierto, la sociedad empieza a creer que los delitos provocados por los menores de edad aumentan, cosa que no tiene por qué estar relacionada directamente con un deseo del endurecimiento de las penas, pero puede derivar en ello.

Finalmente, me agarro a las palabras que José Javier Huete Nogueras, Fiscal de Sala y coordinador deMenores en la Fiscalía General del Estado, pronunció seis días después del hecho que nos atañe: “la alarma generada por un hecho aislado no puede convertirse en elemento determinante de reforma legal”.  No podemos dejar que la percepción que se crea en la sociedad por el entorno, experiencias personales e influencia de los medios de comunicación y los rumores sea un punto de apoyo para llevar a cabo el establecimiento de normas penales.  Por lo que la sociedad no debe dejarse llevar solamente por lo que escucha en los medios de comunicación sino que debe informarse de asuntos tan importantes como lo que rodea la legalidad y la criminología a través de diversas fuentes, estadísticas, reales y objetivas.

Lucía Orts Sellers

Populismo punitivo y delincuencia juvenil: mito o realidad
#Lectura 3

martes, 21 de abril de 2015

El miedo y las malas noticias

En junio de 2013 un periodista de la CNN expresó la siguientes palabras: “las buenas noticias no venden y no le importan a nadie”. Se abrió entonces un debate que lleva circulando durante mucho tiempo en el mundo del periodismo, pues siempre ha existido una conocida frase que dice que “las buenas noticias, no son noticia”. 

Y parece ser que en España la mayoría de los medios de comunicación creen que esa consideración es cierta y la practican, puesto que en el año 2012 nueve de cada diez españoles pedían leer más buenas noticias en los medios de comunicación, así un 93% de los españoles pensaba que los medios estaban “cargados de malas noticias” y lo más preocupante es que un 56% afirmaba que prefería “dejar de informarse”.

 Teniendo en cuenta esto, unos datos un tanto atrasados pero reales, queda claro el importante papel que juegan los medios de comunicación a la hora de extender el miedo al delito en la sociedad. La mayoría de personas siente una gran empatía con las situaciones que les muestra la televisión cada día, especialmente con aquellas noticias que se presentan de forma sensacionalista, dejando arraigado en la sociedad sentimientos de venganza, miedo e inquietud.

 De esta forma, tal y como nos muestra el estudio Problemas de medición del miedo al delito, es muy importante encontrar una fórmula efectiva a la hora de detectar el nivel de miedo poblacional para reducirlo si el peligro no es real en alguna zona determinada, y es que, al fin y al cabo, es un factor que va a influir en muchas cosas, la principal de ellas, la política. Sin embargo, el hecho de detectar el nivel del miedo insertado en la población solo es un primer paso, puesto que el verdadero reto sería reducirlo y para ello, se necesita fundamentalmente a los medios de comunicación. No suprimir, no manipular, eso jamás. Lo lógico sería presentar las situaciones de modo realista, objetivo y sin sobrecargar a la población con noticias que fomentan el pánico y ocupan durante semanas las portadas de los periódicos, abren telediarios por la mañana, por la tarde y por la noche dejando huella en la mente de los espectadores durante días seguidos sin dejar un espacio de tiempo muerto para meditar lo sucedido.

 Existen distintas teorías que intentan explicar el miedo al delito [Teoría de la vulnerabilidad social, de lavulnerabilidad física, de las redes sociales, de la victimización] basándose principalmente en asuntos que tienen que ver con la personalidad de cada individuo, por lo que resulta mucho más difícil determinar el miedo al delito existente en una zona concreta. Está claro que una persona, quizás más débil como puede ser un anciano se sienta más inseguro al ir solo por la calle que un adulto de treinta años fuerte y atlético, pero eso no puede demostrar la sensación de inseguridad global existente en la población sino que se correspondería a un acto o una situación concreta en la que se encuentren ese adulto o anciano en un momento determinado.

 Finalmente es muy difícil determinar de manera exacta la imagen de inseguridad en la sociedad porque influyen muchos factores, tanto personales [experiencias, entornos] como sociales [medios de comunicación, rumores], pero sin duda es algo determinante en el funcionamiento de la sociedad, la política y el bienestar, donde hay que tener presente que siempre los medios de comunicación van a jugar un papel fundamental.



Lucía Orts Sellers 
Problemas de medición del miedo al delito
#Lectura 2

lunes, 20 de abril de 2015

Blanca Martín Luis


Las bases irreales forman la realidad de la sociedad



Está claro que viviendo en una sociedad tan mutable es lógico que las opiniones sean difusas y manipulables. La excesiva cantidad de información no ayuda,  pues en vez de informar confunde más y dificulta la comprensión de determinados temas.  La opinión pública se basa en el populismo y la información que ofrecen no ya los informativos sino en programas y tertulias que no conocen ni ejercen el rigor ni el uso de las palabras adecuadas, especialmente en lo que se refiere a temas judiciales.

En un estudio realizado por la Universidad de Castilla - La Mancha se recoge lo que supone el mayor contratiempo para cualquier sociedad, la desinformación. Queda pues reflejado que, a pesar de los medios y herramientas que existen, la ciudadanía sufre la enfermedad del desconocimiento, en muchos casos voluntario. En este estudio existen muchos sesgos, pero es curioso que siendo un trabajo de campo y que se haya cogido a tanta población universitaria porque la percepción de los mayores hacia los jóvenes no ayuda, debido a determinados grupos, y la imagen de los jóvenes es bastante negativa.

Es cierto que el problema reside principalmente en los hogares y en las escuelas que es donde se falla a la hora de implantar unos valores y unos principios, y la necesidad de condenas acordes al delito esta justificado. Sin embargo, la idea de que se necesita ofrecer más ayudas a las familias no es del todo cierta. Antes no existían tantas ayudas y la gente tenia valores y principios, así que el fallo no reside en las ayudas sino en la educación.  Como todo lo relacionado con los delitos, el problema es de base y si no se corrige en la base, es difícil rehabilitar y reducir los crímenes.

Cabe destacar que en el estudio se hace una clara distinción de las opiniones dependiendo de su ideología (derechas, izquierdas y neutral). Por norma general, según el estudio, los de derechas son más duros y piden condenas más duras, mientras que los de izquierdas tienen una idea más enfocada hacia en tratamiento y el apoyo, lo cual por diversos motivos no tiene porqué ser cierto.  De hecho, se podría decir el gran sesgo que eso supone y encima refuerza la idea del gran desconocimiento de nuestra sociedad, lo que hace que este estudio sea muy ambivalente y poco concreto.

Como en todo, destaca la filosofía rehabilitadora que tiene preferencia a la disuasión. La mayoría tienen una falsa creencia de lo que es el trabajo judicial y la delincuencia juvenil y de que son demasiado benevolentes, por lo que la falta de datos relevantes y de conocimiento nos lleva  a una visión dual de la justicia, falsa y por lo tanta a reformas legislativas erróneas. La actitudes de la sociedad son las que marcan las reformas legislativas de cualquier ámbito, lo que cree la sociedad es lo que pide y por tanto lo que los políticos le dan.




Blanca Martín Luis 

El derecho a la información vs el derecho a la intimidad


Los derechos de una persona son iguales a los de otra, ninguno esta por encima del otro, o eso se cree.  Cada país ha marcado su ley y su forma de tratar, rehabilitar y castigar a los delincuentes, de hecho cada uno de ellos elige un derecho antes que el otro. Por ejemplo, Estados Unidos implantó la Ley Megan, que hace referencia a la creación de una base de datos donde aparecen recogidos en una lista, los nombres y las direcciones de pederastas y cualquiera que haya cometido delitos contra menores. Esta base se creó por el polémico caso de una pequeña de siete años que fue violada y asesinada por su vecino, un delincuente que estaba cumpliendo libertad condicional.

Actualmente, la mayoría de los estados permiten a los ciudadanos acceder a este tipo de bases para informarse de los convictos que viven cerca de sus hogares, en otros lugares la policía informa a las escuelas y a los padres. Y no solo eso, entre los diferentes estados se comparten las bases de datos en un intento de prevenir posibles delitos y reincidencias. Claro, que este sistema es aceptable para unos y no tan aceptable para otros.

Existen dos líneas de pensamiento sobre publicar y permitir el acceso de todo el mundo a los datos de delincuentes. El primero es el que se relaciona con el derecho a la información, donde el argumento de mayor peso es el de la prevención y la posibilidad de reincidencia de un determinado  criminal. La segunda línea va paralelo al derecho a la intimidad, y su argumento principal es que la publicación de esos datos impide al “ex convicto” llevar una vida normal y reinsertarse. Webs como Criminalcheck, que son bases de datos online a las que cualquier ciudadano tiene acceso, suponen una violación de ese derecho a la intimidad y la protección de datos.

En España este tipo de webs es impensable por el daño que causan a los criminales, a su reinserción y a sus derechos. Pero, ¿qué pasa con los derechos de la victima? Y ¿qué pasa con el derecho que tienen los ciudadanos de saber a quién tienen por vecino y si necesitan estar más atentos?. Eso no implica que estos criminales no puedan reinsertarse o que no se les vaya a tratar de una manera correcta. A mi entender si deberían ofrecerse los datos básicos (nombre, dirección y foto) pues los ciudadanos que cumplen las leyes tienen derecho a estar informados y a saber que podrían estar en peligro. Los criminales no han cumplido la ley y por tanto son sancionados, pero los que reinciden sabiendo que lo que han hecho esta mal, deben darse a conocer. Si las victimas no pueden olvidar ellos tampoco deberían.

También es cierto que en su mayoría, los delincuentes son fallos del objetivo rehabilitador del sistema y de la falta de una ley justa y adecuada que asegure esa rehabilitación y reinserción. Aun así, el ser humano es libre de tomar sus propias decisiones sabiendo las consecuencias que acarrean, por lo tanto si cometes un crimen, debes ser capaz de dar la cara ante la sociedad, aceptar que se sepa y afrontar las consecuencias. Sin embargo, ese derecho que tenemos de saber cosas de carácter publico, y no nos engañemos un delincuente no es particular, es y debería ser tratado como algo público porque daña a los individuos y por tanto a una sociedad. El derecho a la intimidad es uno de los derechos fundamentales de nuestra constitución pero ese derecho debería congelarse en los delitos graves, ya que a pesar de ser casos particulares, reincidentes o no,  de alguna forma amenazan la estabilidad y la seguridad de los ciudadanos y por índole a la estructura de la sociedad. Da la impresión de que la ley ampara a los delincuentes y que les da más valor que a todo el conjunto de ciudadanos.



lunes, 13 de abril de 2015

Publicidad criminológica: Una realidad aparentada


 Las apariencias engañan, una frase cierta donde las haya, mucho más aún en el mundo del crimen y la delincuencia.  Sin embargo, precisamente es en las apariencias, el envoltorio, lo común, lo usual y lo que muchos consideran habitual en lo que se centran la mayoría de las campañas publicitarias de prevención criminal. Y es que las personas, a no ser que estudien en el ámbito de la publicidad o la criminología, pasan por alto detalles o aspectos altamente importantes dentro de un anuncio de prevención del delito, que solo se quedan mirando por casualidad o pereza de no levantarse a coger el mando y cambiar de canal.
Dentro del texto “Construcción cultural y prevención criminal publicista” aparecen analizadas distintas campañas publicitarias que se citan como “publicidad criminológica”.  No es de las más significativas pero la que más ha logrado captar mi atención es la reconocida como “Ahora la ley actúa” [Federación Anti-piratería-Ministerio de Cultura y Justicia, 2005]. En el corto y rápido anuncio, una sucesión de imágenes mezcladas con música estruendosa y rítmica muestran distintos actos delictivos como robar un coche, un bolso o una película y los comparan con la piratería,  pues en definitiva de eso trata el anuncio. Bien, ahora puedo decir que este anuncio catalogado de prevención criminal lo habré visto veces incontables y hasta ahora ni siquiera me había dado cuenta de lo que aparecía en él. Parece comparar el acto de descargarse una película con numerosas obras violentas para robar, ya sea el tirón de un bolso o el golpear un coche con un bate.  Y sí, puede que todas las cosas que aparecen en las imágenes sean delito, pero ¿qué pretende en realidad la campaña? ¿Decir que no caigas en la piratería porque si no te convertirás en un vulgar ladrón? Una estrategia difícil de analizar, de comprender y especialmente de llegar al público emocional o psicológicamente, pero sin duda basada en las apariencias, ya que se intenta relacionar distintos actos vandálicos comunes, que pueden quedar en la imagen del espectador sin llamar su atención y trastocar la realidad, que no es otra que la presentación de una campaña publicitaria que se sobrepasa a la hora de querer prevenir un delito de piratería.
Pero si una campaña así se basa en cosas comunes y sin profundidad, usuales a la vista de los espectadores, mucho peor son aquellas que afectan a la dignidad de las víctimas y mayoritariamente de ellas, mujeres. Un ejemplo es la campaña “Liquor Control Board” [2011] presentada en un cartel que muestra un burdo cliché al presentar la típica situación en la que una adolescente sale de fiesta con sus amigas, bebe demasiado alcohol y acaba siendo víctima de una violación por culpa de haber realizado ese hecho. Sí, se culpabiliza a la víctima porque lo podría haber evitado si no hubiese bebido, algo absurdo, sin sentido y por supuesto sin análisis. Esto no solo ataca a alguien que es inocente sino que además crea cierto temor disparatado pero efectivo en los padres de las adolescentes pensando que esas situaciones ocurren y que se debe al alcohol, la fiesta y la despreocupación. No es menos cierto que estos factores y muchos otros indiquen una mayor posibilidad de producirse un acto delictivo, es lo que se podría llamar una situación de alto grado de criminalidad, sin embargo tampoco es menos cierto, que generalmente la “publicidad criminológica” no estudia correctamente los tintes sociales para ser realmente útil y prevenir el delito sino que simplemente se basa en situaciones comunes que no habituales, clichés y formas fáciles de llegar al público, pero que no son, ni mucho menos, las mejores.

#Lectura 1: Construcción cultural y prevención criminal publicista


Lucía Orts Sellers

domingo, 5 de abril de 2015

Una imagen distorsionada de la delincuencia juvenil

Una encuesta sobre el populismo punitivo y la delincuencia juvenil revela que se piensa que la delincuencia juvenil forma de un 25% a un 50% del total (según el 48% de los encuestados) o superior al 50% (según el 27,2%). También se piensa que va en aumento, hay mucha reincidencia y es fundamentalmente violenta. La realidad es muy diferente. Los detenidos juveniles son solo un 8,6% del total, la delincuencia juvenil ha descendido en los últimos años, el porcentaje de delitos violentos es del 35% y la reincidencia no supera el 25-35%. Esta encuesta retrata una visión de la juventud alejada de la verdad, que criminaliza a la juventud. Una visión errónea que se utilizó como una de las justificaciones de la reforma de la Ley 8/2006, que endurece la reforma penal frente al menor que delinque, elevando el tiempo de internamiento. Mientras tanto la encuesta permite ver que la sociedad prefiere un sistema que favorezca la educación o rehabilitación, más allá del mero castigo, y que se favorecen las penas alternativas, especialmente si sirven como restauración a la víctima o a la comunidad. La contradicción es flagrante, la ley se basó en conseguir el apoyo del público, que estaba desinformado, sin basarse en ningún tipo de estudio sobre lo que sería realmente adecuado.

El estudio también revela que el 88% de los encuestados piensa que los jóvenes son menos respetuosos que hace 20 años. Además muestra que la percepción que se tiene de la delincuencia juvenil de un 48,6% de los encuestados proviene de las noticias de los medios de comunicación, y que el trabajo del sistema de justicia de menores es o desconocido o visto negativamente, considerado benevolente a pesar de haber ido aumentando las penas en los últimos años. Estos datos muestran el desconocimiento de la población sobre la situación real de la delincuencia de menores, que ha sido utilizado y perpetuado por políticos y medios de comunicación, de forma intencionada o no.

Los medios especialmente tienen responsabilidad por la imagen negativa y estereotipada que se da de la juventud. Un ejemplo es la etiqueta de “Nini” (ni estudia ni trabaja). Se ha afirmado que un 24% de las personas entre 15 y 24 años no quieren estudiar ni trabajar, como si fuera algo totalmente voluntario e independiente de la situación económica que por el alto desempleo excluye a los que buscan trabajo, o por el encarecimiento de los estudios causado por el plan Bolonia (sin contar que muchas de las familias que antes podían mantener a sus hijos durante los estudios ahora tienen a todos sus miembros en paro). Y la realidad es que solo un 1,73% del total de los jóvenes son “ninis” por elección propia, un porcentaje mucho menor que el que realmente se da a entender. Y esta es solo la última de una larga serie de etiquetas adjudicadas injustamente por los medios a la juventud a lo largo de los años.

Medios, políticos y sociedad tienen una responsabilidad en la visión equivocada de la delincuencia juvenil, y si no se corrige el error se van a seguir creando leyes basadas en una falsedad, todo por el bien de conseguir unos votos más. Es una pérdida de tiempo y de dinero público que no se debe mantener, pero la solución no está clara. Sin embargo un buen principio sería una información más contrastada sobre este tema en los medios, y una mejor publicidad del sistema de justicia juvenil.

Miguel Torregrosa Morales

El miedo al delito: una constante social

Para una sociedad no solo es necesario que el número de delitos disminuya, también que se reduzca el miedo a los mismos. Si hay demasiado miedo el bienestar de los ciudadanos y su confianza en los demás disminuye, afectando a su calidad de vida independientemente de si realmente se producen tantos delitos como se piensa. Por lo tanto las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación tienen la responsabilidad de evitar un temor desmedido en la sociedad, un deber que se debe compatibilizar con sus otras funciones de proteger y mantener informados a los ciudadanos respectivamente.

Los ciudadanos desean un cuerpo de policía que esté presente y visible en su vecindario, listo para actuar ante cualquier situación y conocido por los habitantes. Lo que se pide para reducir el crimen y el miedo al mismo es la presencia de más oficiales en la calle, pero este enfoque es una solución psicológica con resultados temporales (porque persisten otras condiciones que provocan miedo al delito, y los ciudadanos piden todavía más presencia policial) o incluso contraproducentes (que haya más policías causa que el vecindario se perciba como inseguro). En cualquier caso lo que se desea es la cercanía de los agentes, una patrulla de a pie reduce el miedo al delito mientras que una en coche tiende a aumentarlo.

El papel de los medios de comunicación es claro. La cobertura exhaustiva que se hace de los delitos violentos aumenta el miedo. Hasta qué punto es necesario para los ciudadanos recibir tanta información sobre estos sucesos es una cuestión discutible. Pero es indudable que el aumento de la presencia de crímenes en los medios es una de las causas de que el crecimiento del miedo al delito esté disociado de la criminalidad real.

Al mismo tiempo algunos políticos emplean el miedo al delito como arma política, impulsando reformas en las leyes con el objetivo de ganar las elecciones en lugar de conseguir una reducción real de la criminalidad.

Pero el mayor problema es la falta de recursos. Se conocen medidas válidas para reducir el miedo al delito, como el rediseño urbano para eliminar zonas de riesgo o la cercanía y capacidad de mantener el orden de la policía. Pero estos métodos requieren una inversión, que no siempre está disponible. La eficiencia se pone por encima, la actividad de la policía se centra en responder a los crímenes. Para conseguir solucionar el problema social del miedo al delito es necesario que se tomen medidas diferentes a las necesarias para prevenir el crimen, y esta es una tarea que se debe llevar a cabo a todos los niveles.

Miguel Torregrosa Morales

Las víctimas culpables

Algunas de las campañas orientadas a sensibilizar contra el crimen eligen lemas o motivos muy poco apropiados, que pueden tener efectos totalmente contrarios a los que se buscan. Entre ellas son especialmente reprochables aquellas que culpabilizan a las víctimas del delito que se ha cometido. Se desplaza la responsabilidad de prevenir el delito a las personas que lo sufren, sugiriendo que ha ocurrido a causa de sus propias acciones, sin tener en cuenta al verdadero culpable.

Un ejemplo es la campaña del Pennsylvania's Liquor Control Board contra el consumo excesivo de alcohol. El cartel advierte sobre beber demasiado con el riesgo de “tomar malas decisiones como irse a casa con alguien que no conocen demasiado”. Es la mujer la que se convierte a sí misma en víctima, por no tener cuidado. Además la campaña ignora que la “juerga alcohólica” (“binge drinking”) suele ser norma social para los jóvenes, y que aquellos que no la siguen pueden ser considerados raros. En lugar de atacar ese modo de ver las cosas se limita a culpar a los que las aceptan, bajo la amenaza de convertirse en víctimas.

Otra muestra de este error es la campaña anti-sexting canadiense “Respétate” (Respect yourself”, Center for Child Protection, Canada 2005). El sexting es el intercambio de contenido, especialmente fotos, de carácter sexual a través de teléfono móvil e Internet. El cartel utiliza la frase “¿hasta donde llegarías para llamar la atención?”. Implica que las chicas tienen la responsabilidad del mal uso que se pueda dar a las imágenes que han creado, ignorando la culpa de los que las muestran a personas que no deberían haberlas visto. Ellas son las que “no se respetan a sí mismas”, no aquellos que dan un mal uso a las fotos.

Como último ejemplo la Oficina de Políticas de Igualdad de Gijon publicó en 2013 un cartel con el eslogan “la incomunicación es la fuente de toda violencia”. De nuevo la víctima es la que actúa de forma incorrecta, la que no ha sabido comunicarse con el agresor y por su culpa empiezan los problemas.

Hay muchas razones diferentes por las que se culpabiliza a la víctima de un delito. Puede ser para defendernos de la idea de que lo que le ha pasado nos puede ocurrir a nosotros, si es culpa suya a nosotros no nos pasaría, nosotros actuaríamos de forma diferente (Hipótesis de las atribuciones defensivas). También está relacionado con la creencia compartida de que vivimos en un mundo justo, en el que todos reciben lo que se merecen, y si a alguien le pasa algo malo es porque ha cometido un error o tiene algún defecto (Hipótesis del mundo). Estas razones no sirven de justificación, son un triste recordatorio de la clase de actitudes que tenemos que superar y vigilar en nuestra propia sociedad.

Las campañas de prevención del crimen tienen una especial responsabilidad a la hora de cambiar la forma de ver los delitos por la sociedad. Sus supuestas buenas intenciones no justifican los flagrantes errores que cometen, perpetuando actitudes negativas y estereotipos. Y echarle la culpa a la víctima, a una persona a la que la sociedad ha fallado, es imperdonable.

Miguel Torregrosa Morales

sábado, 21 de marzo de 2015

¿Qué es justo?


La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. ¡Y qué fácil es hacerlo con los buenos! Pero resulta muy difícil, casi imposible, ponerte en la piel de los "malos" o de los que no han actuado bien, correctamente o dentro de la ley. Esa tendencia empática con aquellas personas que han sido víctimas de un delito es la que propaga un sentimiento de venganza y endurecimiento de las penas, la que aboga por el castigo y no por la reinserción. ¿Esto es justo? Puede que no, pero la línea entre lo justo y lo injusto es tan fina y depende de tantos factores que me lleva sin remedio a entender ese sentimiento "vengativo" asentado en la sociedad española que solo busca, muchas veces, entender quién tiene el derecho de decidir entre lo que es justo o injusto  y manejar, como hilos de marionetas,  los derechos fundamentales de los seres humanos.
Nadie tiene la solución para acabar con la delincuencia, si ya de por si cuesta reducirla. Y por supuesto que el resultado no se obtendrá a base de política, que también es otro de los problemas, con mayúsculas, arraigados en el derecho penal. Y es que la política está decidiendo la justicia de un país, no se pelea por conseguir medidas eficaces y justas sino que se vuelve a lo de siempre, se lucha por los votantes, y la justicia empieza a decidirse mediante conjeturas y percepciones de una sociedad que, ahora mismo, se ahoga en la incertidumbre.

No se debe compartir la venganza pero sí la justicia. No se tiene el derecho de tomar la justicia por tu propia mano, pero es un sentimiento compartido. Puede que endurecer las penas no sirva de nada o puede que sí, que cambie algún detalle, alguna vida. Hay una frase que advierte que no se debe aplicar el derecho o juzgar con el corazón sino con la cabeza, pero eso, a mi parecer, sería dejar de ser personas.


Lucía Orts Sellers

viernes, 13 de marzo de 2015

La complicada decisión entre el derecho y la venganza

Fomento de la violencia, del miedo de la población, de la negación del derecho al olvido, provocación de la reincidencia o cómo la justicia se lava las manos publicando las fotos de unos delincuentes que ya cumplieron sus penas y deberían por tanto reinsertarse en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. No se trata de exculparles, si no de ofrecerles una nueva oportunidad de enmendar sus errores. Se trata de reeducarlos, no castigarlos.
Que España es uno de los países europeos con menos índice de delincuencia sorprende al oírlo, y probablemente muchos lo desconocen, tal vez porque, por el contrario, el índice de presos por habitantes es cada vez más alto, de los más elevados de Europa (160 presos por cada 100.000 habitantes).
No entramos en si la pena que cumplieron fue lo suficientemente larga, o si en ella se pudo o se quiso reformar su persona, sino de cuánto se invirtió y dedicó a conseguirlo. Penas más largas no ofrecen mejores hombres y mujeres a su salida, si no puede que todo lo contrario. De hecho, penas más largas equivale más gastos. La línea de dureza de las penas choca con la disminución paulatina de los presupuestos destinados a este propósito. Más presos, menos dinero y una reeducación insuficiente. El dinero que costaría mantener en la cárcel durante más años a un preso podría utilizarse en beneficio de la sociedad, reinsertando al delincuente. Sin embargo, nuestro país, tan latino como pasional, sigue dejándose arrastrar por el afán de castigo y venganza mucho más que por el pragmatismo y la responsabilidad.
No se trata, sin embargo, de que los delitos queden impunes, si no de utilizar una estancia en prisión de manera inteligente. Reinsertemos al ciudadano, que a pesar de haber cometido errores, continúan siéndolo. Y permitámosle continuar con su vida. De lo contrario, señalándole a cada paso, estigmatizando su situación, tan solo encontraremos su reincidencia como única salida. Y habremos hecho inútil su tratamiento en prisión, y habremos vuelto a tirar dinero público a la basura.

Necesitamos mejorar el sistema, de eso no hay duda, pero ¿alargar la pena es el camino? Tal vez lo sea, pero solo porque sea necesario para su tratamiento, no porque merezca una venganza mayor. Busquemos una solución para esos presos, y no solo taparlos, esconderlos detrás de unas rejas para que no molesten, porque tarde o temprano, volverán a la calle, y para entonces podremos tener nuevos ciudadanos o presos sin nada que perder. 

Míriam Garví Martínez