#Lectura 3: Cuando los ciudadanos conocen mejor la respuesta

Por Míriam Garví

Si aquéllos que hacen las leyes, se preocuparan más y mejor de aquéllos que han errado, o lo harán, quizá estaríamos hablando de supuestos reales, y no de la mera opinión de los ciudadanos. Si hemos comprobado durante años, incluso siglos, que las medidas adoptadas no consiguen erradicar la reincidencia, ¿no es posible que algo falle? ¿Por qué tanta ceguera ante un problema real? Quizá sea tan simple como que no quieren saber. Es más fácil encerrar aquello que no queremos ver donde no moleste, donde no ensucie nuestra imagen.

Sin embargo, desde las calles, se reivindican nuevos métodos, maneras distintas de atajar los problemas que tan bien conocen. Se piden alternativas para los jóvenes, menos castigo, más prevención, y ante todo, se anhela un cambio: del internamiento a la reinserción, a la reforma personal, a las oportunidades reales. Mayor inversión en educación, en empleo juvenil, y de esta forma tal vez tendremos menos presos a los que mantener.

En el estudio realizado por Esther Fernández Molina y Pilar Tarancón Gómez, llevado a cabo en la ciudad de Albacete con la colaboración de la Universidad de Castilla-La Mancha, se refleja mediante una trabajada encuesta en algunas de las calles más conocidas de la capital cómo piensan algunos de mis vecinos, y lo cierto es que he encontrado poca sorpresa en sus respuestas. Si bien es cierto que el trabajo de campo ofrece unos claros resultados de interesante conclusión, me habría gustado conocer la opinión de algunos de los barrios más marginales de la ciudad, como “Las 600” o “El Congo”, para conocer la opinión de algunos de los vecinos más afectados por el problema de los delitos juveniles.

Quien imponga las penas, debería proponer en su caso una infraestructura capaz de reformar las aspiraciones delictivas del sospechoso. Debería enlazar su castigo a una buena reeducación capaz de poner en libertad, llegada la hora, a un hombre, que deje atrás las ansias de venganza de aquél que es privado de su vida, y le de los medios y herramientas que posibiliten su reinserción plena en una sociedad de la que es miembro por derecho.

Y, como opina una gran parte de los albaceteños, sea capaz de utilizar el castigo para un bien individual y social, la reinserción y no la represión.