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miércoles, 24 de junio de 2015

Ley Megan

En los Estados Unidos nos encontramos con una legislación que insta a sus autoridades policiales a hacer públicas fotografías de los delincuentes sexuales registrados dentro de sus fronteras. Cada estado decide cómo ejecutarla y qué datos hace públicos (nombre, fotografía, dirección, fecha del encarcelamiento y naturaleza del delito). Estas informaciones son difundidas a través de páginas web gubernamentales, periódicos y demás medios de comunicación. Nos referimos a la Ley Megan. ¿Carece de ética esta ley? ¿Es justa? En las siguientes líneas trataremos de explicar nuestro punto de vista.
La Ley Megan tiene la finalidad de proporcionar un servicio de información doble: en primer lugar sirve para tener un registro de delincuentes sexuales y, en segunda instancia, notificarle a la comunidad la existencia del delincuente. Pero cabría tener en cuenta otros factores tales como la posibilidad de que los criminales tengan familia –incluso hijos menores de edad—, el escaso beneficio que pueda suponer a las víctimas y familiares dicha información, los costes del servicio o el descartar una posible reinserción de las personas que cometan los actos delictivos. Y no sólo estos aspectos pueden influir en la opinión de lo innecesario de este servicio. Claro ejemplo de ello es un estudio del año 2008 de la Ley de Nueva Jersey que muestra que Megan es una ley sin efecto alguno en la reducción de la comisión de los delitos, el número de víctimas, además de añadir poca influencia sobre las comunidades donde se aplicaba.
En nuestra opinión la Ley Megan está bien porque ofrece mayor seguridad a los ciudadanos y les hace sentirse más cómodos, dentro de lo que cabe. Sin embargo, somos partidarios de que ofrecer la identidad de personas que hayan cometido errores en su pasado no ayuda para nada a su reinserción y puede ser negativo tanto para los propios afectados como para sus familiares. Es por ello que, pese a que tiene cosas positivas como hacer que los ciudadanos se sientan más seguros, no apoyamos esta ley. Todas las personas tienen derecho a enmendar sus errores y reconducir sus vidas y llevar una etiqueta tan negativa y además tener que soportarla de manera permanente es algo que no les ayuda. Está claro que muchos de ellos seguirán siendo peligrosos y podrán reincidir pero siempre habrá una minoría que quiera empezar de cero y no pueda. La seguridad es imprescindible pero también lo es preservar la identidad y cada uno es libre de contar al resto de la población lo que considere oportuno y no tener que llevar colgado un cartel que te haga ser esclavo de tu pasado.

ALEXIS REIG MIRÓ
JOAQUÍN GARCÍA BARBERÁ

miércoles, 25 de marzo de 2015

Reinserción y segundas oportunidades

Por Chloé Gallais, Adrián Jiménez y Héctor Gómez

Una vez realizada la última reforma del Código Penal Español en 2015, surgen varias preguntas y se abre un amplio debate sobre las nuevas leyes incorporadas en cuanto a criminalidad se refiere. Y es que en el caso de la “condena permanente revisable”, la alarma social se hace sonar para buscar alternativas que erradiquen esta medida y den la posibilidad a la reinserción. Cierto es que cada caso abarca un sinfín de posibilidades, pero ello incluye, además, un sinfín de soluciones al problema.
La palabra “reinserción” aparece en los pensamientos de los ciudadanos, que hacen valorar la posibilidad de que un delincuente jamás pueda corregir su actitud o pueda volver a la vida ciudadana como una persona normal, pues a pesar de que la tasa de criminalidad en España en 2014 fuese de un 46,1%, se han reducido estos actos hasta 2,09 millones, un dato que deja la tasa de criminalidad en 44,8 delitos y faltas por cada 1000 habitantes, y que representa un ratio de los más bajos de la Unión Europea. Así, de los quince países de la Unión Europea, España se sitúa en el cuarto puesto por debajo, quedando Suecia como el lugar con una más alta tasa de criminalidad con un 146,7%.

Existe el caso de un hombre de Elda que quedó en libertad tras haber pasado 30 años en prisión. Se trataba de un preso con un amplio historial delictivo que había protagonizado fugas y participado en graves incidentes en las numerosas cárceles en las que había estado ingresado. El más sonado fue el motín de la prisión de Fontcalent. Lo que más llamaba la atención del caso, es que este preso no había cometido ningún delito de sangre, pero al haber realizado otro tipo de delitos, se le fue añadiendo más años de reclusión. A este preso se le aplicó la normativa del Código Penal de 2010.
Es cierto que la sanción penal tiene, en parte, una función únicamente sancionadora, pero el trabajo a realizar por la prisión no puede ser aumentar el castigo, debe ser reinsertador. El problema es que la reinserción debe ser planificada de manera individual para cada preso, lo que supone emplear tiempo y medios de inserción que normalicen su situación social (salidas, permisos, libertades condicionales, etc.) lo que supone arriesgarse a que algunos presos quebranten la ley, dándose a la fuga. En todo caso, apostar por la reinserción de las personas supone apostar por el ser humano, por una sociedad más justa y civilizada, por la redención, y no por el castigo. La reinserción es el indicador del éxito y fracaso de los sistemas penitenciarios.

Es evidente que las reinserciones no se dan en el cien por cien de los casos e incluso podemos afirmar que el porcentaje no es lo suficientemente alto como para convencer a todo el mundo. A pesar de ello, no podemos hacer de eso un condicionante para no creer en que la reinserción es posible y que una segunda oportunidad se puede aprovechar, como se plasma en el ejemplo citado anteriormente. Por lo tanto, el hecho de que un delincuente de cada cinco se reinserte en la sociedad y no vuelva a delinquir, es más que suficiente para creer en el valor de las segundas oportunidades.
Por otro lado, que haya delincuentes en riesgo de reincidir en sus delitos no implica que se pueda hacer con su imagen y sus datos personales todo lo que se quiera. Esto tiene que ver con la página web estadounidense que permite ver a todos los delincuentes de delitos sexuales así como su fotografía, nombre, apellidos, dirección etc. Sea el delito que sea, no se trata de una medida correcta ya que no solamente vulnera el derecho a la intimidad del delincuente, sino que es un claro condicionante para todos sus familiares. Es difícil no pensar en el hijo de esa persona que sale en la página web, realmente creemos que podrá ejercer su vida tranquilamente, que el hecho de que todo el mundo pueda conocer quién es su padre y lo que ha hecho no va a condicionarle casi de por vida…
Finalmente, seguimos en nuestra postura y tendemos nuestra mano a la reinserción, y creemos que algunos datos no deberían estar al alcance de todos, con el fin de evitar el morbo y la crispación sobre los familiares del delincuente, que no tienen ni culpa ni porque responder ni pagar por un delito del cual no son culpables.